La Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo, ANPCA, se reunió en su nueva sede de Las Pedroñeras (Cuenca) para analizar la situación por la que está atravesando el sector del ajo español y europeo, así como para analizar el “desafío normativo y legislativo” que el Ministerio Español de Agricultura tiene previsto aplicar para el próximo año.
El nuevo marco regulatorio nacional y comunitario para el sector frutas y hortalizas, con una fuerte regulación que entrará en vigor en su mayoría a comienzos del año próximo, plantea unos retos que, a razón de las empresas y asociaciones representadas en FEPEX, procedentes de todas las regiones españolas, son complicadas de asumir. Según el presidente de la ANPCA, Juan Salvador Peregrin, “esta nueva regulación afecta de manera muy importante al sector productor de ajo, y pone en serio peligro la continuidad de la producción de este alimento tan necesario no sólo en las casas de los consumidores, sino también en nuestros pueblos y comarcas. La ley de envases unida a la ley de reducción de uso de fertilizantes, la de contratos agrarios, el sistema de información de explotaciones agrarias (SIEX), la gestión de la nueva PAC y los ecoesquemas, etc, junto con la estrategia emprendida por la Comisión Europa denominada “Farm to Fork”, está llevando al límite la posibilidad de cultivar ajo en Europa ante la gran complejidad burocrática con la que se está cargando a un sector que, lo único que quiere, es producir alimentos”.
Además, en esta reunión se abordaron temas como la nueva Ley de la Cadena Alimentaria, y su problemática aplicación a las operaciones internacionales en un sector donde casi el 60 % de lo producido se dedica a la exportación. “En las relaciones con nuestros clientes internacionales nos obliga a someternos a legislación del comprador, que en muchos casos no conocemos bien, porque los compradores Internacionales no están dispuestos a tragar con esta Ley” sentencia Antonio Escudero, vicepresidente de ANPCA. “El problema de la entrada de ajo de terceros países a la Unión Europea, sin control fitosanitario y con unos costes laborales mucho más bajos, afecta de manera muy importante a la comercialización de nuestro ajo. En este sentido, desde ANPCA, hemos solicitado al Comisión Europea un esclarecimiento y unificación de los códigos TARIC aplicados al ajo, con el fin de evitar posibles casos de fraude”.
En cuanto a la próxima campaña, el descenso en la superficie cultivada se está comprobando según pasan los meses. Se estima que la bajada en superficie para la próxima campaña puede incluso superar el 25% con respecto al año anterior. María Moreno, de ANPCA, añade que “La siembra del ajo temprano se ha estado desarrollando durante estos meses de atrás, y la falta de agua, y los costes elevados de energía, arrendamientos y mano de obra, hace prácticamente inviable el cultivo del ajo. Si a todo esto le sumamos la inversión necesaria para cumplir con el aluvión de legislación, no sé cómo lo vamos a poder afrontar”.
Ante este escenario, ANPCA, junto con el resto de las asociaciones pertenecientes a FEPEX, han solicitado una moratoria para la entrada en vigor del paquete legislativo porque es imprescindible para poder afrontar la avalancha normativa y burocrática que al sector se le viene encima. Si el gobierno de España y la UE no aplican esta moratoria, lamentablemente tememos que miles de agricultores abandonen no solo el cultivo del ajo, sino el campo español en los próximos años. ANPCA actualmente es la mayor asociación europea de productores y comercializadores de ajo, con una superficie asociada de 15.397 hectáreas en este año 2022, y un volumen de más de 256 millones de kilos comercializados en la pasada campaña, lo que supone una cifra superior al 80% del total comercializado de España, y un 65% del total de Europa. Actualmente cuenta con 67 empresas comercializadoras asociadas y casi 1.800 productores de ajo.